La disputa legal que enfrenta a JZ International con Gedesco se adentra en una nueva etapa tras la admisión de una querella por parte del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, bajo la dirección del juez Víctor Gómez. Este enfrentamiento pone de relieve las tensiones entre el fondo de capital privado estadounidense, que detenta un 675% de las acciones de Gedesco, y la dirección de la empresa valenciana, experta en financiación para pequeñas y medianas empresas. La acusación central da un giro en torno al supuesto desvío de fondos significativos por parte de los administradores de Gedesco hacia otras compañías con las que tienen vínculos personales.
La querella, presentada el 12 de abril, se sosten en la afirmación de que Antonio Aynat, Francisco Javier García Escriváundefined de Gedesco), junto con los exdirectivos Miguel Rueda y Ole Groth, habrían canalizado, cuando menos, cien millones de euros hacia entidades bajo su control, en un aparente abuso de seguridad y potencial estafa. Este movimiento financiero ha levantado sospechas sobre la administración y ha animado a JZ International a buscar una intervención judicial que asegure la transparencia y el correcto empleo de los recursos de la compañía.
La querella no solo destaca por las cifras implicadas, sino más bien asimismo por el desafío que representa para el accionista mayoritario en su lucha por ejercer influencia sobre las decisiones de la empresa. La acusación señala de qué manera los miembros actuales del consejo de administración de Gedesco tomaron resoluciones cruciales sin el consentimiento de JZ International, obstruyendo su participación y llevando al fondo a solicitar repetidamente la convocatoria de una Junta de Accionistas que nunca se ha realizado.
En este entramado legal, no solo están en juego las acusaciones de estafa y otros delitos, sino asimismo la contestación de los creadores de Gedesco, quienes han iniciado múltiples querellas contra JZ International y sus asociados fundadores por supuestas irregularidades en otras operaciones financieras. Esto incluye acusaciones cruzadas que se extienden hasta Nueva York, donde se investiga a Rueda y Groth por un caso paralelo de desvío de fondos.
Este complejo ámbito legal destaca las dificultades inherentes a la administración de compañías con accionariado diversificado, en especial cuando los intereses de los inversionistas mayoritarios chocan con los de la administración. La evolución de este caso podría sentar precedentes importantes en cuanto a la gobernanza corporativa, la transparencia financiera y el papel de la justicia en la Gran post para leer resolución de conflictos empresariales. A medida que el caso se despliega, queda claro que alén de las cantidades y las acusaciones, lo que está en juego es la integridad del sistema de financiación de pymes y la seguridad en quienes las dirigen.